Comentarios sobre la primera Audiencia de la Comisión Primera y los Internautas

Con una hora de retraso inició la primera audiencia de la comisión primera y los internautas convocada por el senador Roy Barreras, quien la denominó como la tercera reunión pública. Recordemos que la primera fue el foro del 4 de mayo, la segunda una reunión con representantes y voceros de la industria y la tercera; ésta, con los usuarios. Algo muy interesante que reconoció el Senador Barreras, es que la forma de discusión de esta ley ha roto las formas tradicionales de discusión de las leyes, donde los interesados son pocos, la difusión por la red no es mucha y la participación de la ciudadanía se suele reservar para el final del proceso, cuando los ponentes ya han presentado la ley. En esa medida, éstas discusiones previas son algo sui géneris para la forma en que se tramitan las leyes en el congreso.

El senador Barreras, también alentó a los participantes a enviar sus propuestas a los ponentes de la iniciativa, los senadores Galán, Corzo, Avellaneda, Hurtado, Londoño y por supuesto, a él.

Senador Roy Barrera
Senador Roy Barrera, Fotografía tomada por Aztlek.

El Senador Roy Barreras citó como en la reunión se escuchó el reclamo de los autores colombianos, que ponen su trabajo y sienten que es dilapidado por las redes de piratas. A esto contrapuso la necesidad de escuchar a la otra parte -los internautas y usuarios- ya que reconoce que la redacción y presentación de la ley tiene debilidades y que ésto ha generado preocupación de dichos sectores que han actuado en consecuencia y a veces con exageración. Reconoció que Internet es un medio donde se promueve la libertad de expresión y por tanto la ley no puede volverse un mecanismo de censura. Así, admite que si la ley avanza y avanzará con modificaciones.

Offray Luna
Offray Luna, Fotografía por Aztlek.

Luego de las palabras del Senador Roy Barreras, comenzó la intervención de Offray Luna, vocero de la comunidad de usuarios de software libre y librecultura, quien leyó un comunicado abierto por parte de los ciudadanos internautas donde se manifiesta el interés por construir un proceso dialógico, abierto, transparente e incluyente, en el cual se legisle de cara a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos en Internet. Asimismo, se recalca lo valioso de la construcción de un balance entre los derechos de autor y conexos y las dinámicas de cocreación y disponibilidad de la cultura y el conocimiento en Internet. Y, finalmente, hace notar cómo la misma red ha servido para difundir el debate sobre el proyecto de ley, dando a otros ciudadanos que no podrían estar presentes en el Senado la posibilidad de participar de forma democrática.

Al final del comunicado se recalca que se está ante una oportunidad histórica de demostrar si el ideal de democracia participativa es una posibilidad en el país.

Offray También expresó su inconformidad porque el debate no ha sido real hasta el momento, debido a que sólo han hablado las partes, cada cual por su lado, pero no se han establecido mecanismos de acercamiento o discusión desde las diferentes posturas: «estamos escuchando a los mismos, no hay debate», dijo. Instó al senador a no sólo usar la red para posicionarse con los usuarios sino también para hablar con ellos. En esa medida, también expresó su preocupación por la página del gobierno abierta para el debate ya que en los términos y condiciones del sitio democraciaenlinea.co claramente se expresa que el sitio está regulado por la DMCA (Digital Millennium Copyright Act) estadounidense.

Alejandra Bonnet
Alejandra Bonnet, Fotografía por Aztlek.

A continuación habló Alejandra Bonnet de Recrea Colombia, un colectivo de artistas independientes que siente que la ley no los defiende ni permite la cocreación de obras derivadas.

Hecto Urrea
Héctor Urrea, Fotografía por Aztlek.

Luego habló Héctor Urrea de Telefónica, quien pidió la formación de un ente administrativo que pudiera ejercer el control de los contenidos en Internet, para que la ley no recayera ni sobre las ISP (Internet Service Provider), ni sobre un juez.

Sandra Pérez
Sandra Pérez, Fotografía por Aztlek.

A continuación Sandra Pérez, miembro de la Línea de Prevención de la Censura de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, expresó como no son claras las sanciones y que el bloqueo de contenidos sin orden judicial se puede prestar para la censura en contra de la libertad de expresión. Dijo además, que es ambigua la ley en cuanto a la entrega de información de los supuestos infractores. No se sabe qué tipo de información es la que se va a facilitar. Igualmente, opinó que la propuesta de ley tal como se presentó, viola la presunción de inocencia.

Julian Casabuenas
Julián Casasbuenas, Fotografía por Aztlek.

Julián Casasbuenas G. de Colnodo, describió cómo las ISP pequeñas, como la Asociación sin fines de Lucro que representa, no necesariamente tiene la capacidad de evaluar si un requerimiento de bloqueo de contenidos tiene un sustento legal ya que su rol no es, y no debe ser, el de verificar si los contenidos publicados por sus clientes cumplen con Derechos de Propiedad Intelectual.  El hecho de que el ISP es co-responsable por las posibles acciones judiciales que deriven de la disputa si no bloquea los contenidos no lo deja en una posición neutral, en donde seguramente la mejor opción para el ISP será la de bloquear los contenidos, violando los derechos del usuario a la comunicación en caso de que la disputa se resuelva a favor de él. Igualmente manifestó que existen contradicciones frente a esta iniciativa y la Accesibilidad a Servicios TIC y Neutralidad en Internet planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en donde el artículo 51 del Plan estipula: «Las entidades del Estado …… en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, promoverán el goce efectivo del derecho de acceso a todas las personas a la información y las comunicaciones, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se abstendrán de establecer barreras, prohibiciones y restricciones que impidan dicho acceso» y el artículo 52 referente a la Neutralidad en Internet «Los prestadores de servicios de Internet, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1336 de 2006, no podrán bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de éstos». Por último planteó que se requiere de una plataforma que permita a los técnicos y legisladores descubrir alternativas para que los Derechos de Autor funcionen adecuadamente con los nuevos desarrollos de Internet y resaltó tener en consideración las acciones que desarrollan plataformas como el Foro de Gobernanza de Internet y organizaciones de sociedad civil como la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones e Sociedad Internet para garantizar el desarrollo abierto de Internet, para mantenerla abierta y accesible para todos.

Enrique Salazar
Enrique Salazar, Fotografía por Aztlek.

Enrique Salazar Sebastiani, empresario de la industria del desarrollo de videojuegos, consultor en seguridad, infraestructura y continuidad de negocio, entiende la necesidad de una ley de derechos de autor, sin embargo, explicó que la propuesta de ley actual no va a frenar la piratería, ya que afecta al usuario común y no al pirata, que fácilmente puede saltar los bloqueos que se puedan establecer usando conocimientos técnicos no necesariamente avanzados. Expresó, además, que incluso las ISP con recursos limitados van a tener problemas para aplicar la ley, dado que se incluyen en sobrecostos y eso va en contra de los planes de masificación de Internet que se han fijado como políticas del actual gobierno. Por último, habló de su preocupación sobre la información personal depositada en las ISP, ya que técnicamente no hay forma de establecer esta ley sin violar la privacidad de los usuarios.

Juan David Correa
Juan David Correa, Fotografía tomada por Aztlek.

Juan David Correa de la @RedSalvaVidas y parte de la #BrigadaDigital, comenzó su intervención citando a Albert Einstein: “No hay buenas ideas políticas. Todas son obvias. El único problema es lograr que la gente se comprometa a actuar sobre ellas”, refiriéndose a que en este caso hay ciudadanos comprometidos con la ley que quieren aportar desde diferentes perspectivas. Dijo que esta ley está basada en la DMCA de 1998, por lo que no es una ley «actual», 13 años es mucho tiempo en Internet. Aclaró que es necesario un régimen de excepciones y limitaciones y trajo a colación la tecnología para salvar vidas. Al respecto, dijo que hay trabas para los actores humanitarios que no pueden utilizar información vital, por ejemplo la cartografía del IGAC, por estar cobijados por derechos de autor. A continuación propuso la conformación de foros abiertos hasta que se termine el trámite de la ley. Finalizó diciendo que desde el lado de los usuarios no hay grandes intereses económicos, sino ganas de participar y demostrar que la democracia participativa es posible.

Ivan Vargas
Iván Vargas, Fotografía por Aztlek.

A continuación Iván Vargas, experto en propiedad intelectual, comenzó aceptando que el proyecto de ley es necesario, sin embargo el problema del mismo es el cómo. Expresó que el proyecto tiene problemas jurídicos, facilita la censura y plantea dificultades con el manejo de datos personales. Ante lo cual hizo una defensa de la necesidad del juez, reafirmando que estamos en un estado social de derecho donde es éste el garante de los ciudadanos. Por tanto la función de regular no puede estar en la ISP. Finalizó su intervención mostrando un escenario posible donde el bloqueo por competencia desleal, se podría utilizar como estrategia en campañas políticas para bloquear contenidos de contrincantes en tiempo de elecciones.

Germán Realpe
Germán Realpe, Fotografía por Aztlek.

Siguió Germán Realpe, de la Asociación Colombiana de Derechos Informáticos y asesor del periodista Guillermo Santos, quien habló de como esta ley desconoce otras leyes que ya están en curso. Además, expuso que contra aquellos que suponen que el juez no esta preparado, si lo está. Dijo que la preocupación de que estos van a demorarse años en cada caso no es real. Afirmó además que leyes similares en otros países, como la ley Sinde en España y la ley chilena han transpasado la autoridad al juez, poniendo de manifiesto que se necesita autorización judicial para bloquear contenidos. Agregó que hay que buscar mecanismos para que los jueces garanticen de parte de las ISP la seguridad de los datos de los usuarios, además de que consideren los contenidos y usos no protegidos por derechos de autor. También expresó su preocupación ya que estas leyes, no sólo consideran el ánimo de lucro sino también generan ánimo de daño, abren la posibilidad de dañar a la competencia. Adicionalmente, considera que la actual definición de ISP es tan amplia, que hasta una persona que almacena información se puede considerar una ISP, por tanto es prioritario que ésta se defina bien. Finalmente expreso que si ante la ley los expertos tienen dudas, con mucha más razón los usuarios.

Daniel Torres
Daniel Torres, Fotografía tomada por Aztlek.

Daniel Torres, experto en seguridad de la información hizo un llamado a revisar la ley, ya que esta, como est’a concebida, atenta contra el derecho a la educación y el acceso a la información. En esta época en que buena parte de los contenidos están en linea, cómo podría un docente poner a circular contenidos para la enseñanza con esta ley. Además agregó cómo la investigación es también trabajo derivado y al serlo la ley no lo favorece.

Pablo Rarrieta
Pablo Arrieta (Xpectro), Fotografía por Aztlek.

También intervino Pablo Arrieta, experto en medios digitales, indicando cómo aquellos a quienes supuestamente protege esta ley, no han tenido presencia en la red realmente. Las industrias tienen olvidada a la comunidad colombiana. Enfatizó que para la creación, las ideas no son originales. Además, la industria de los contenidos no ha querido tener presencia digital «Los escritores y artistas no tienen presencia digital». Dijo además que muchos de los contenidos que la gente piratea realmente se esta distribuyendo de esa forma ya que nadie los facilita legalmente. Nombró como la última semana han aparecido los reportes de Inglaterra e Irlanda pidiendo cambios en las leyes de copyright ya que con las actuales no se puede generar innovación y se necesita reconocer el uso justo de obras. Igualmente nombro la reunión que se está adelantando en Francia del G-8 y cómo en ella se está pidiendo que se haga un pacto socrático para no hacerle daño a Internet. Preciso que se está hablando  de legislar Internet del futuro, no del presente ni del pasado. Expresó también que si se quiere acabar la piratería debe haber alternativas, como es inconsecuente que se tenga un teléfono celular, se pida pagar por contenidos y se obligue a los usuarios a volverse «televidentes» de Internet, consumidores pero no productores.

Luis Cano
Luis Cano, Fotografía por Aztlek.

Luis Cano, experto en desarrollo de software,  planteó que el proyecto de Derechos de Autor afecta el aprendizaje y el desarrollo de soluciones informáticas porque muchos de los contenidos para aprender de las mismas están publicados en la Web. Además, no conoce el funcionamiento de Internet y no se puede esquematizar porque existen muchos elementos y personas que intervienen en el mismo. Finalmente dijo que se deben incluir excepciones en el proyecto de Ley para que no afecte al usuario final ni al sector educativo y que permita el libre acceso a la información.

Lorenzo Villegas, profesor universitario y asesor de Google, quien también habló en esta ocasión por Yahoo y Mercado Libre, comenzó su intervención diciendo como de acuerdo al gobierno nacional, la propuesta de ley es una obligación del TLC (Tratado de Libre comercio) y como esto parece justificar presentarlo así, sólo porque así está en el artículo 16 del TLC. Sin embargo Lorenzo afirma que la obligación de Colombia es presentar un documento que establezca las excepciones de las ISP y la correspondiente ley debe ser ajustada por cada parte. Habló como Colombia no esta obligada a copiar la DMCA ya que esta es una norma vieja, del tiempo en que Google y Twitter ni siquiera existían. Explicó como la DMCA se hizo entre el gobierno de Estados Unidos y la industria del derechos de autor y como el DMCA, actualmente, se usa para vulnerar derechos de los usuarios vulnerando por ejemplo la presunción de inocencia. Citó cómo históricamente el 55% de las notificaciones de bloqueo presentadas son usadas para perjudicar a la competencia. Además expreso que el sistema de remoción de contenidos planteado en la propuesta de ley es un sistema ajeno al sistema legal colombiano. A diferencia de Estados Unidos, acá no hay sistemas privados de resolución de derechos por tanto el sistema americano no se puede establecer de igual forma en Colombia, debe estar conforme con los derechos fundamentales que se reconocen en el país, que no son los mismos que en Estados Unidos. Nombró además cómo al estar Colombia dentro de la comisión interamericana de derechos humanos, está obligada a que toda disposición de derechos civiles o penales este sujeta a un proceso judicial, a diferencia de Estados Unidos. Finalmente enfatizó cómo para un proveedor de Internet es necesario tener la medida de excepción de responsabilidad pero que debe existir el juez ya que en Internet no sólo existe el derecho de autor, está también el derecho de expresión, que se debe garantizar. Indicó que esta propuesta no es una ley antipiratería sino una norma para fijar el régimen de excepción de responsabilidades de las ISP y como tal se debe adecuar a nuestro marco legal ajustándose a un procedimiento judicial.

Fredy Pulido
Fredy Pulido, Fotografía tomada por Aztlek.

Luego Fredy Pulido de la comunidad de Mozilla Colombia, creadores y promotores de Firefox; entre otros programas, habló como se está cambiando el mundo gracias a Internet y como la participación real de la ciudadanía, a dejado de ser sólo presencial por el uso de las TIC. Para hablar de sus objeciones sobre la propuesta de ley, partió de los 10 Principios sobre Internet promulgados por la comunidad internacional de Mozilla. Una síntesis a continuación:
1. «Internet es una parte integral de la vida moderna -un componente clave para la educación, la comunicación, la colaboración, los negocios, el entretenimiento y para la sociedad en conjunto.» sobre lo que comenta que la Ley Lleras tiene un alcance mayor al derecho de autor, al regular a los ISP, está regulando Internet. Por tanto Fredy a nombre de Mozilla Colombia pide que la ley no sea debatida sólo por la comisión primera sino de forma conjunta con las comisiones que legislan sobre comunicación, educación y cultura.
2. «Internet es un recurso público mundial que debe seguir siendo abierto y accesible.» Cita como a diferencia del principio que inspira la ley colombiana donde prima el bien general sobre el particular, la ley lleras legisla sobre el bien particular peno no sobre el general. Un ejemplo es la imposibilidad de modificar obras protegidas por derecho de autor para facilitar su uso por parte de comunidades discapacitadas como los ciegos.
3. «Internet debe enriquecer la vida de los seres humanos.» Fredy dice que tratar solo como usuarios a las personas que están en Internet no reconoce que estos nuevos usuarios usan, crean y recrean, por tanto es necesario agregar una excepción para que los ciudadanos colombianos puedan usar sin ánimo de lucro obras con derechos reservados.
4. «La seguridad de los usuarios en Internet es fundamental y no debe ser tratada como algo opcional.» Fredy menciona que en el art.3 se debe cambiar …no tendrán la oblicación de supervisar los datos que transmitan… y poner una prohibición explicita, adicionalmente las ISP deberían tener prohibido entregar datos de los usuarios a terceros.
5. «Los usuarios deben tener la posibilidad de moldear su propia experiencia en Internet.»
6. «La efectividad de Internet como un recurso público depende de la interoperabilidad (protocolos, formato de datos, contenido), la innovación y la participación descentralizada en todo el mundo.» Por esta razón Fredy ve con preocupación la mención sobre el DRM en la propuesta de ley y pide que los autores de la mimsa expliquen cuál es la razón de que se exponga ese tema ahí.
7. «El software libre y de código abierto promueve el desarrollo de Internet como un recurso público.» Fredy ve con preocupación que la ley solo tenga en cuenta la industria vieja de software y no la nuevas como la del OpenSource que genera mayor beneficio social.
8. «Los procesos transparentes basados en la comunidad promueven la participación, la responsabilidad y la confianza.» A partir de este principio se expresó la necesidad de una mesa concertada abierta donde puedan participar todos los actores de la sociedad, «queremos verdadera participación abierta» enfatizó.
9. «El uso comercial de Internet proporciona muchos beneficios a su desarrollo; es crucial un equilibrio entre los objetivos comerciales y el beneficio público.» Fredy dice que no se tiene una postura contra de la industria, precisa que la metodología es que la industria vaya hacia Internet, no que Internet se deba adaptar a una industria de viejos modelos.
10. «Maximizar los aspectos de beneficio público de Internet es un objetivo importante que merece nuestro tiempo, atención y compromiso.» En este último principio Fredy justifica su intervención «Por eso estamos acá, para construir una verdadera participación». A su juicio la ley lleras es solo un caso particular que hace parte de algo más amplio, la agenda internacional de propiedad intelectual. Pidió se tenga en cuenta la solicitud de una mesa concertada, las comisiones conjuntas y el documento Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras presentado por Red Pa Todos.

David Ramirez
David Ramirez, Fotografía por Aztlek.

David Ramírez, a nombre de las bibliotecas, expresó como estás según las definiciones de la propuesta de ley podrían ser consideradas como ISP. Desde las directrices de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) y UNESCO sobre internet se considera que éstas deben ayudar a que todos tengan acceso al intercambio mundial favorecido por Internet y el papel que siguiendo la propuesta de ley deberían asumir las bibliotecas como jueces sobre los contenidos estaría en contravía con el sentido de las mismas. Textualmente citó este fragmento:

La IFLA insta a todos los gobiernos a apoyar la libre circulación de información accesible a través de Internet mediante las bibliotecas y servicios de información y a oponerse a cualquier intento de censurar o restringir el acceso.

Jorge González
Jorge González, Fotografía tomada por Aztlek.

Por último, Jorge González, desarrollador de software y miembro de la comunidad de software libre en Colombia afirma que en Internet se crea, se recrea y se cocrea. Ve con preocupación como en una ley propuesta para proteger los derechos de autor, se llega a proponer la terminación del contrato para usuarios infractores reincidentes. Esto llevaría a que a ciudadanos digitales se les cerrara el acceso a Internet en una suerte de destierro digital.

Finalizadas las intervenciones, se agradeció por parte del senador Galán la presencia y los aportes de los participantes. y se pidió que se entregaran formalmente las objeciones y sugerencias al articulado para su estudio por parte de los proponentes de la ley.

  • El ISP no necesariamente tiene la capacidad de evaluar si un requerimiento de bloqueo de contenidos tiene un sustento legal ya que su rol no es, y no debe ser, el de verificar si los contenidos publicados por sus clientes cumplen con Derechos de Propiedad Intelectual.

  • El hecho de que el ISP es co-responsable por las posibles acciones judiciales que deriven de la disputa si no bloquea los contenidos no lo deja en una posición neutral, en donde seguramente la mejor opción para el ISP será la de bloquear los contenidos, violando los derechos del usuario/a a la comunicación en caso de que la disputa se resuelva a favor de él/ella.

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