Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras

Respetados señores congresistas, Gobierno Nacional, periodistas y demás interesados

La presente tiene como objeto presentar un documento con nuestros principales comentarios, objeciones y sugerencias jurídicas al Proyecto de Ley 241 de 2011 presentado por el Gobierno Nacional para surtir el trámite ante el Congreso.

El documento recoge las observaciones y sugerencias de modificaciones que han sido recogidas a través del colectivo RedPaTodos y las traslada al texto del proyecto de ley. RedPaTodos ha convocado a través de la red a diferentes actores sociales (comunidades de software libre y librecultura, artistas, académicos, abogados, etc.) cuyos esfuerzos se están concentrando en un esfuerzo de información y visibilización de nuestra posición en el sitio www.redpatodos.co y en las redes sociales más importantes: YouTube, Vimeo, Facebook, Identica, Twitter, Flickr, etc.

Es nuestro interés participar activamente en el trámite de la ley y visibilizar nuestros intereses y preocupaciones activamente con quienes hoy tienen en sus manos la decisión legislativa, es decir, con los congresistas. Con fundamento en lo anterior esperamos que además de recibir y dar trámite a nuestro documento para identificar los ajustes necesarios a este proyecto de ley, el Congreso establezca la necesidad de ampliar la discusión involucrando más actores a la misma.

Creemos que implementar una mesa permanente de discusión como la que propuso el senador Camilo Romero puede recoger y conciliar los intereses de la sociedad en una forma real y oficial en un diálogo más equilibrado y abierto. Adicionalmetne esperamos que puedan contemplar la pertinencia de someter el proyecto al análisis de una comisión conjunta que involucre también a los congresistas de la comisión 6a quienes se ocupan de temas referentes a: Comunicaciones, calamidades públicas, servicios públicos. Investigación científica y tecnología, transporte, turismo, educación y cultura, los que son del resorte de una regulación que busca reglamentar el acceso de los colombianos a Internet.

Consideramos que ya que se está cumpliendo las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia a nivel internacional, específicamente el TLC con EEUU como se explica en el documento de motivaciones presentado por el Ministero del Interior, deberíamos también incluir las excepciones y limitaciones y el mecanismo de ajuste a las mismas que son objeto de instrumentos internacionales también. El propio TLC contempla la necesidad de equilibrar algunas medidas del tratado como los DRM con excepciones y limitaciones para educadores, bibliotecas, etc., disposiciones que a la fecha no han sido objeto de traslado a la legislación interna. Otras excepciones también se encuentran en mora de ser implementadas de acuerdo con el texto de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención que fue firmada en mayo de 2007 por el Gobierno colombiano, aprobada por el Congreso en el 2009 y en ese mismo año declarada constitucional por nuestra Corte.

RedPaTodos como colectivo está compuesto de una multiplicidad de actores sociales, personas naturales y jurídicas, para los efectos de este documento los abogados que lo elaboraron son quienes están al frente del mismo y reciben notificaciones o solicitudes a través de Fundación Karisma.

Cordialmente,

CAROLINA BOTERO CABRERA

FUNDACION KARISMA

Calle 57 N. 10-24 of. 406


DOCUMENTO EJECUTIVO PARA EL FORO PÚBLICO ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL 04 DE MAYO

Elaborado por:

  • Carolina Botero Cabrera
  • Oscar Daniel Gómez
  • Daniel Andrés Salamanca
  • Carlos Dionisio Aguirre
  • Iván Vargas Chaves (coordinador)

Versión web:
Esta esla versión web del documento escrita por digitalfredy, para leer las notas mueva el ratón para poner el puntero 2 segundos sobre el número entre llaves, ejemplo[0] donde junto al cero debería haber aparecido una caja con el texto de la nota

Presentado por:
El presente documento se presenta en nombre del colectivo Red Pa Todos y en su representación lo hace la Fundación Karisma[1]

Introducción:
La responsabilidad de las ISP es un tema de actualidad, durante la última década uno tras otro los países han venido redactando y adoptando sus propias legislaciones en el tema siguiendo en gran medida el curso marcado por los EEUU y expandido a través de las obligaciones derivadas de los TLC, aunque no podemos decir que la no existencia de una norma específica los exima del régimen común de responsabilidad.

El Proyecto de Ley 241 de 2011 presentado por el Gobierno hace un mes para trámite al Congreso de la República intenta llenar ese vacío y, como indica el propio documento de motivación del proyecto, pretende cumplir con obligaciones que tiene el país para cumplimiento del TLC con EEUU en la materia con el fin de proveer un mecanismo más expedito de protección de los intereses de los titulares de derechos de autor en el entorno tecnológico.

Sin embargo, la propuesta del proyecto de ley va más allá de los compromisos adquiridos por el país imponiendo cargas excesivas a los usuarios. El proyecto de ley impone la obligación a los prestadores de servicios de adoptar medidas técnicas y organizativas para poder ver limitada su responsabilidad por la circulación de contenidos infractores.

I. ANÁLISIS A PUNTOS CONCRETOS DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Art. 1.
No se define quién es un prestador de servicio de Internet, ante lo cual se puede extender a cualquier actor que haga parte de la Internet, incluyendo los usuarios finales, yendo en ese sentido, incluso más allá de lo que la legislación interna de nuestro socio comercial EEUU prevé, tampoco es previsible el escenario que se deja planteado en atención a la figura de la neutralidad tecnológica, prevista en la Ley 527 de 1999, entendiendo por la misma, como aquella figura que busca evitar que una norma jurídica, cómo lo es el presente proyecto de ley, interrumpa en algún momento el avance tecnológico.

Y es que tan sólo basta con analizar el denominado Cloud Computing o Computación en la Nube, un servicio ya presente en el día a día de muchas empresas, quienes valiéndose de discos duros virtuales o de aplicaciones en línea, guardan o procesan información, y que de aprobarse este artículo tal cual está planteado, responsabilizaría a aquellos proveedores de estos servicios, retribuidos en todo caso, por el usuario final.

Art. 2.
La organización internacional de usuarios de Internet AGEIA DENSI, desde Argentina se pronunció al respecto: “Aquí Además de someter todo lo que circula en la red a la normativa sobre derechos de autor (sin pensar en que en el caso concreto es necesario revisar qué clase de licencia el autor ha otorgado para su obra), no permite distinguir quienes son los sujetos obligados a tal conducta, los sujetos pasivos, etc. pues todos los usuarios de la red estarían sometidos a los mismos tanto como infractores así como titulares del derecho. Se ha incorporado muy inteligentemente y usando una técnica legislativa engañosa, un intento de cambio en la regulación de los derechos autoría incorporando esto en un artículo que tiene por objeto el régimen de responsabilidad y por donde se quiere incorporar tangencialmente los “derechos de autor”

Art. 3.
De este artículo en concreto cabe preguntarse ¿hasta dónde se limita la responsabilidad de los prestadores del servicio de Internet, aunque NO para la obligación que si debe tener respecto a “los derechos de autor” y donde serán coaccionados por la “autoridad competente”?. Otra crítica destacable es la siguiente: la autoridad competente no debería existir. Además, nos sometemos al riesgo de que las intervenciones en las comunicaciones, amén de otras medidas cautelares sean decretadas por esa autoridad, y no un JUEZ (como es el caso de la Ley Sinde en España y su autoridad de aplicación), ante lo cual nuestra recomendación sobre el proyecto de ley 241 de 2011 iría enfocada a la asignación de estas funciones de “autoridad competente” fuera un Juez.

Art. 5 al 8.
Las disposiciones que permiten a los prestadores de servicios de Internet eximirse de responsabilidad por las actuaciones de sus usuarios, todavía hay problemas que pueden resumirse le la siguiente manera: La disposición que se repite en varios de los artículos de que obliga a la ISP a que:

“Establezca condiciones generales y públicas, bajo las cuales el prestador de servicios podrá hacer uso de la facultad de finalizar los contratos de los proveedores de contenido que sean infractores reincidentes de los derechos protegidos por las leyes de derecho de autor o derechos conexos”

De lo anterior, es preciso indicar que además, se limita la libre autonomía de la voluntad, pues se impone una modalidad de contratación a los ISP, dejando este asunto a criterio del Organismo la determinaciones de quiénes son y quienes no son infractores reincidentes, pues no menciona que deben ser declarados infractores o “reincidentes” por sentencia firme, como debería ser.

Sobre el apartado b) del artículo 5, que reza:

“No interfiera con la tecnología compatible y estandarizada utilizada en el sitio de origen para obtener información sobre el uso en línea del material almacenado, cuando la utilización de dichas tecnologías se realice de conformidad con la ley y sean compatibles con estándares de la industria ampliamente aceptados;”

Sobre el apartado d) del mismo artículo, la obligación que se impone a los proveedores de servicio de Internet de establecer un esquema contractual para desconectar a los infractores reincidentes choca también con la idea de que el único facultado para esto es el juez. Esta disposición amplia aún más el poder de los ISP en la decisión sobre acceso a Internet y, a pesar de lo que se ha dicho en contra, abre la puerta para que una página sea cerrada completamente (la desconexión del servicio de alojamiento de contenido a un reincidente tiene, por ejemplo, ese efecto).

Es también importante preguntarse a esta altura de la discusión ¿y la neutralidad tecnológica qué?, pues tanto aquí, como en otros escenarios, queda siempre abierta la puerta a una real preocupación, y es una intención de controlar la tecnología utilizada que deberá ser “estandarizada”.

Art. 9.
En este artículo se establece un trámite administrativo previo a la intervención del juez que permite al titular solicitar el bloqueo del acceso directamente al proveedor de servicios de Internet quien deberá actuar en un plazo de 72 horas antes siquiera de haber escuchado al presunto infractor. Ante lo cual, conviene recordar que en un estado de derecho sólo el juez tiene la competencia para restringir los derechos y libertades fundamentales, se llama reserva judicial.

Y es que, en tratándose de que esta actuación este enmarcada dentro de un debido proceso, La Corte Constitucional ha manifestado en repetidas ocasiones que esta figura “el debido proceso” comprende un conjunto de principios, se tienen en él el de legalidad, el de juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales se constituyen como verdaderos derechos fundamentales.

El procedimiento que se establece en el proyecto desconoce varios de ellos, presume que el supuesto infractor es culpable pues supone que es cierto que el material infringe los derechos de quien presenta la solicitud sin que medie en el proceso para la inhabilitación alguna contradicción. El proyecto si prescribe una reclamación, pero esa no se tiene como defensa, pues bien el material ya fue inhabilitado, para ilustrar: sería como ser la parte demandada en un proceso judicial, que lo notifiquen con la sentencia que lo condena, y que la defensa sea presentar la apelación.

No obstante, en el anterior ejemplo por lo menos existió la intervención de un juez, el procedimiento que prescribe el proyecto retira la facultad de imponer medidas cautelares de las manos juez para entregárselas al proveedor del servicio, dejando a disposición de un particular, no solo esa facultad, sino que también la determinación sobre si se cumplen o no las condiciones de una infracción al derecho de autor.

Según lo establece el proyecto, en el proceso que lleva a cabo el proveedor de servicio solo se consideran requisitos formales sobre la presentación de la solicitud, no los elementos jurídicos de fondo que dan sustento a una real infracción a los derechos del solicitante, con el agravante que ni siquiera se solicita el pago de una caución, como si lo exige el trámite que se establece en la Ley 23 para la solicitud de medidas cautelares para en la infracción de obras distintas a las que se encuentran en Internet. Todo lo anterior en flagrante violación al principio del juez natural ya que queda claro que no es este un órgano creador por la ley, aun menos con competencia exclusiva para conocer el asunto, y mucho menos el indicado para juzgar sobre el hecho.

Se pueden precisar varios ejemplos de casos en los que se violenten éstos principios:

En razón de lo establecido en éste artículo se podrán hacer reclamaciones sobre contenidos protegidos por el derecho de autor, los cuales, en ejercicio de las excepciones y limitaciones al derecho de autor, pudieron ser puestos a disposición del público en Internet e inhabilitados en razón de lo dispuesto en el proyecto. Tal podría ser el caso de una noticia republicada por un usuario en Internet y dada de baja por el proveedor de servicio, ya que es a éste a quien se presenta la solicitud de inhabilitación, en éste caso, dado que no es un juez el competente para conocer sobre la inmediata suspensión del material, el proveedor dará de baja el material sin considerar los derechos del usuario o los fundamentos jurídicos para su inhabilitación, esto sumado a que no existe posibilidad de defensa por parte del usuario presuntamente infractor, tendrá como indefectible consecuencia la vulneración del derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con el actual contenido del proyecto de ley, es posible la persecución de material políticamente negativo para un determinado grupo político basándose en violaciones al derecho de autor, dado que no existe ningún tipo de análisis jurídico en el procedimiento para la inhabilitación de material supuestamente infractor, pues, como se advirtió anteriormente, no es el juez el que ordena la inhabilitación, podrá buscarse ese material y presentar correctamente una solicitud de inhabilitación, finalmente el proyecto solo requiere unos requisitos formales para la presentación. El análisis sobre la procedencia o no en términos jurídicos y la protección a los derechos del ciudadano se garantizan con la intervención del juez en un proceso judicial, al eliminar esa intervención con el propósito de hacer más veloz (no más eficiente o efectivo), la protección de los derechos de los titular de derechos de autor y conexos, resultan necesariamente lesionados los derechos fundamentales, esto sin considerar que otras disposiciones del proyecto menoscaban el derecho al debido proceso.

Arts. 10 al 12
Dado que nuestra opinión es que no debe haber un trámite administrativo sino que cualquier decisión para bloquear acceso a Internet debe provenir de un juez, es nuestra opinión que debemos retirar estos artículos.

Art. 15
El propuesto artículo permite a los titulares de derechos o sus representantes legales requerir judicialmente a un prestador de servicios la entrega de toda la información que posea que permita identificar al supuesto infractor. Aun cuando la disposición de que esto se haga con orden judicial y que se enmarque en las normas de protección de datos (aún en trámite en el congreso) es absolutamente inapropiado y dará pie a equívocos la falta de determinación precisa del destinatario de información y el alcance de ésta.

Sobre el apartado del proyecto de ley que establece:

“A requerimiento de los titulares de derechos que hayan solicitado una medida cautelar o hayan interpuesto demanda para obtener orden definitiva de retiro o inhabilitación del acceso al material infractor y/o la terminación de cuentas, el juez competente podrá ordenar la entrega de la información que permita identificar al supuesto infractor por el prestador de servicios respectivo, incluida la información confidencial. El tratamiento de los datos así obtenidos se sujetará a la protección y reserva de datos personales conforme con la ley.”

Es de resaltar que, la aplicación de este artículo plantea unas problemáticas particulares, primero ligadas a la exorbitantemente amplia noción de ISP que plantea el proyecto, las cuales no van necesariamente de la mano de la noción que en otros Estados se maneja del mismo. Entrando en materia, me asalta primero la duda sobre la protección del Derecho a la Intimidad.

La Corte Interamericana en casos recientes ha extendido el marco de aplicación del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos (CADH) señalando claramente que su objeto de protección son las comunicaciones de índole privada entre las personas.[2] Es claro que si el criterio de la Corte es que el artículo 11 protege “las conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional que desarrolla”[3] , poca labor hermenéutica se necesita para extender esa misma concepción a la emisión de datos realizada a por el sistema de interconexiones que hacen posible la internet que opera de manera asimilable a la emisión de voz a través de redes.

De hecho, en reciente jurisprudencia, la Corte Europea de Derechos Humanos (ECtHR) señaló que las prescripciones del artículo 8 de la Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales (Convención Europea, ECHR), equivalente al artículo 11 de la CADH, aun cuando se han aplicado al uso de conversaciones telefónicas, “ It follows logically that e-mails sent from work should be similarly protected under Article 8, as should information derived from the monitoring of personal internet usage. The same expectation should apply in relation to the applicant’s e-mail and internet usage”[4]. De hecho, en este mismo precedente de la Corte Europea, se señaló que “it is irrelevant that the data held by the college were not disclosed or used against the applicant in disciplinary or other proceedings (…) Accordingly, the Court considers that the collection and storage of personal information relating to the applicant’s telephone, as well as to her e-mail and internet usage, without her knowledge, amounted to an interference with her right to respect for her private life and correspondence within the meaning of Article 8.”[5].

Así mismo, en el mencionado Caso Escher, la Corte señaló que “[l]a fluidez informativa que existe hoy en día coloca al derecho a la vida privada de las personas en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización cada vez más frecuente. Este progreso, en especial cuando se trata de interceptaciones y grabaciones telefónicas, no significa que las personas deban quedar en una situación de vulnerabilidad frente al Estado o a los particulares. De allí que el Estado debe asumir un compromiso, aún mayor, con el fin de adecuar a los tiempos actuales las fórmulas tradicionales de protección del derecho a la vida privada”[6]

En este caso en especial, la ECtHR señala que las interferencias a la vida privada, deben estar reguladas en una ley previa y que las mismas deben ser necesarias en una sociedad democrática. Sin embargo, las leyes dentro de los sistemas regionales de derechos humanos, están sujetas a que una vez se presente el alegato de una presunta violación de las libertades fundamentales por cuenta de la aplicación de una ley, la misma tendrá que pasar un escrutinio muy estricto para avalar o no la interferencia en los derechos humanos. “La tarea de la Corte es la de verificar si 1) la tipificación de una injerencia concreta en una de las libertades de la CADH afecta la legalidad estricta; 2) si la misma sirve a una finalidad legítima de acuerdo con la Convención; 3) determinará, en su caso, la idoneidad de la sanción para lograr la finalidad perseguida; 3) evaluará la necesidad de tal medida, y 4) analizará la estricta proporcionalidad de la medida (…)”[7] ya que, debe recordarse que, “es ilícito todo acto orientado hacia la supresión de uno cualquiera de los derechos proclamados en la CADH”[8].

Este test se realiza por la Corte, sin dejar de lado la plena vigencia de lo que en la Corte se ha denominado la teoría del Control de Convencionalidad, la cual consiste en que las autoridades estatales en su actuar, deben hacer un examen entre las normas jurídicas internas […] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el [el Estado] debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”[9]

Es indiscutible que la protección a la honra y la intimidad son una obligación que admite pocas restricciones. Es más, si algo nos ha enseñado la historia reciente, es que dejar la puerta abierta para la buena fe de las personas, en materias tan delicadas como ésta, es legislar para ángeles, en una tierra de humanos. Confiar en la buena fe de los ciudadanos de un Estado, que coloquialmente pregonan la existencia del undécimo y duodécimo mandamiento (“no dar papaya” y “papaya puesta, papaya partida”), es un absurdo tanto desde el punto de vista de políticas públicas como de la antropología jurídica.

La redacción del artículo 15 no deja de ser inquietante. Los escenarios de conflicto que plantea hacen temer demasiadas cosas, pues la misma redacción asume que tanto el autor o el titular de derechos sobre determinada obra son partes iguales. Es cierto que ante la ley, deben ser tratados de igual manera, pero eso no quiere decir que materialmente ese sea siempre el escenario. De hecho, me inclino a creer que quienes acudirán al procedimiento establecido en el proyecto de ley serán en mayor medida aquellas personas jurídicas cuya actividad económica está basada en el comercio de todo tipo de obras o cuya actividad económica necesita de la protección de determinadas obras – hablamos de empresas como Coca-Cola, Sony, Universal, McDonald’s.

¿Es a estas personas a las que se les va a entregar información privada en el marco del procedimiento que pretende regular este proyecto? ¿Vamos a permitir que nosotros, los internautas del común, parte casi siempre vulnerable en este tipo de litigios, tengamos la carga de defendernos de las peticiones de la industria de la Propiedad Intelectual? ¿No deberían ser ellos quienes tendrían que probar más allá de toda duda razonable el perjuicio que presuntamente se les está inflingiendo? ¿Por qué la carga de tener suspendidos nuestros sitios web debemos soportarla los usuarios sin siquiera un debido proceso sometido cuando menos a la intervención de un juez? Es cierto que una amenaza se cierne sobre nosotros.

Sin necesidad de acudir a “célebres” casos publicitados en los últimos dos años en nuestro país, es fácil advertir los peligros que representa la libertad de entregar indiscriminadamente información personal. Ya en 2002 en la sentencia T-729/02 la Corte Constitucional de Colombia advirtió que el tratamiento indiscriminado de ese tipo de información podía ser peligroso, con ocasión de ciertas bases de datos que el Departamento Administrativo de Catastro del Distrito Capital y la Superintendencia Nacional de Salud, en las que con ciertos datos, como la cédula y el nombre del titular de la misma, se podía acceder a información personal vulnerando el derecho a la autodeterminación informática.

A este respecto señaló que “[t]anto la consagración constitucional del derecho al habeas data, como sus desarrollos jurisprudenciales, encuentran justificación histórica en el surgimiento del denominado poder informático[10] y la posibilidad del manejo indiscriminado de los llamados datos personales[11]. Durante la vigencia de la actual Constitución, el habeas data pasó de ser una garantía[12] con alcances muy limitados, a convertirse en un derecho de amplio espectro. Es así como bajo la égida del derecho general de libertad (artículo 16) y la cláusula específica de libertad en el manejo de los datos (artículo 15 primer inciso), la jurisprudencia ha reconocido la existencia-validez del llamado derecho a la autodeterminación informática[13].”[14]

Así las cosas, resulta cuando menos sospechoso que un privado, en este caso el ISP, pueda entregar al público información personal pues como lo señala la sentecia T-729/02, “[l]os datos personales, por sus condiciones especiales, prima facie se encuentran fuera de la órbita de conductas protegidas por el régimen general del derecho constitucional a la información. En consecuencia, la colisión entre derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informática y derecho a la información”. Cuando hablamos de información privada, nos referimos a aquella que “por versar sobre información personal o no, y que por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los documentos privados, de las historias clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del domicilio.”[15]

Aún más, preocupa que se sostenga que dicha entrega se “sujetará a la protección y reserva de datos personales conforme con la ley”, pues a la fecha, no hay un texto legal que regule la protección de datos en general. Solamente se cuenta con un estatuto de protección de datos que le es aplicable al sistema financiero y para todo lo demás debemos sujetarnos a la jurisprudencia constitucional, cuya posibilidad de ser modificada es mayor que la de una ley. De hecho, un caso paradigmático que ejemplifica los peligros de confiar solamente en la jurisprudencia es de la interpretación que hace la ECtHR frente a la prohibición de retroactividad de las leyes. Ahora, según esta Corte, se pueden imponer sanciones a ciudadanos siempre que las mismas sean previsibles

Es cierto que existe un régimen legal vigente en materia de propiedad intelectual que a pesar de que su viabilidad sea discutible en la actualidad por el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, sigue teniendo fuerza vinculante sobre todos nosotros. Sin embargo, disto mucho de creer que este régimen privilegia las sanas dinámicas del acceso al conocimiento o que en la tensión entre la propiedad y el derecho a la intimidad, debamos optar por el abandono del estado constitucional, social y democrático de derecho.

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Comments

12 Responses to “Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras”
  1. Anonymouse dice:

    Constitución Política de Colombia, 1991 con reforma de 1997

    CAPITULO 1
    DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

    Art. 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recog ido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

    En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

    La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

    Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

  2. Racsoiv dice:

    Yo crei que Ustedes estaban proponiendo un debate abierto para la ilustración de todas las personas, y que la censura se encontraba proscrita de sus actuaciones, pero como a todos, las ideas que contrarian su pensamiento les resultan incomodas, ya entiendo porque en mas de un mes que se encuentra publicado su texto, solamente se observan seis comentarios de los lectores.

  3. Oscar Gomez dice:

    Su texto, es un reflejo de su pensamiento y posición frente al proyecto de ley objeto de análisis.

    No obstante, y teniendo en cuenta que el mismo se encuentra encaminado a ilustrar a la comunidad en general sobre los alcances del proyecto de ley, respetuosamente me permito realizar algunos comentarios:

    Ustedes incurren en falacias argumentativas, pues en muchos apartes se valen de analogías descontextualizadas, pues en varios apartes se valen de comparaciones con legislaciones y doctrinas jurídicas foráneas desconociendo deliberadamente las tradiciones jurídicas que las origina. Valga decir que la tradición de protección de la propiedad intelectual es diferente y distante en muchos aspectos en la tradición anglosajona y la tradición continental.

    Varios de sus argumentos se encuentran justificados en ejemplos, sin embargo también existen ejemplos que tienen la vocación de desvirtuar sus argumentos (Uno de los proveedores mas grandes del mundo de contenidos en la Internet tiene la facultad de retirar el contenido a su criterio, no solo por PRESUNTAS violaciones al Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, sino por contenido que a su criterio es inapropiado).

  4. VIVICIOUSXXX dice:

    ESTE ESCRITO DEBE SER LEIDO POR TODOS OJALA CONGRESISTAS LOGREN TOMAR EN CUENTA ESTE TRABAJO LO APOYO TOTALMENTE Y SE DEN CUENTA QUE EL ABUSO DE PODER ES IMPERDONABLE ELLOS NOS SIRVEN LA VOZ DEL PUEBLO CLAMA!!

  5. Wilson Donato dice:

    Apoyo totalmente las apreciaciones del documento, esperemos que los honorables congresistas las tengan en cuenta.

  6. el3ctron dice:

    gracias por este trabajo

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