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Toma una cámara y filma un minuto en el que cuentes qué ha significado la web para tí, y por qué ha de ser libre. Tu testimonio será importante para que otros decidan explorar nuevas rutas. Al final, eso es lo que buscamos: un espacio digital más rico en habitantes y experiencias.
Lanzamos la campaña por que internet es importante para nosotros, nuestros familiares y amigos. Comparte tu respuesta: ¿Que piensas de Internet? ¿Qué opinan tus amigos y familiares? Ayúdanos a contestar esta pregunta:
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Hoy hemos conseguido de forma oficial los listados de votaciones del Senado de esa noche. Pronto tendremos los de cámara. En el transcurso de la semana pondremos esa información de forma más legible en nuestra wiki.

Votación Senado

Lugar: Salón de conferencias de la zona de ubikate en el primer piso de Maloka. Cra 68 D No. 24 A 51
Hora: La cita es desde las 2pm.

Haremos una rueda de prensa, el lanzamiento de un manual para hackear la ley y una charla sobre el tema.

Todos están cordialmente invitados.

Obviamente, para los que no están en Bogotá, haremos streaming

Dicho esto queremos compartir con ustedes nuestra última experiencia de comunicación con el Congreso. Después de una semana de enviados correos a los congresistas para que conocieran nuestra petición de debate, la carta de los académicos de la American University de EE.UU. y nuestros propios comentarios jurídicos sobre la hoy ya nueva ley, vemos con tristeza y desconcierto los resultados.

430 correos fueron enviados, de estos 258 correos no fueron siquiera abiertos. Solo se reportaron 38 correos leídos, de los cuales tan sólo 5 revisaron los archivos adjuntos que se enviaron. Más grave aun 134 correos rebotaron. (Vea la lista detallada al final de este post).

Así las cosas, nos preguntamos, ¿cómo nos comunicamos con los congresistas? En pleno siglo XXI, ¿será que la única forma aceptable de entregar comentarios a un proyecto de ley es tener que hacer el lobby oficina por oficina y buscar en cada una al asesor que se tome la molestia de recibir un documento? ¿Será que la única forma de enviar correos a senadores y representantes, para garantizar que por lo menos lleguen, es tener que ir oficina por oficina para confeccionar una lista privada de correos?

Varios funcionarios nos confesaron que no se usan los correos oficiales y públicos porque son muy malos, porque es muy dificil posicionar un correo diferente del que ya vienen manejando en campaña y en general en la vida pública del congresista, en fin, nos dierion varias razones válidas (nosotros entendemos la situación), pero, que no justifica la situación de incomunicación y desgreño en que están los congresistas con los ciudadanos. Si este sistema no funciona, deberían solucionarlo, seguro que a uno se le ocurren un par de alternativas.

Como parte de la sociedad civil, como parte de esos ciudadanos que nos tomamos en serio la tarea de la democracia y queremos participar en el ejercicio de ejercer nuestro derecho de opinar sobre las reformas que nos afectan y proponer modificaciones a proyectos de ley que nos conciernen, nos preocupa que las páginas oficiales del senado y la cámara tengan información desactualizada o falsa, correos que no comunican con nuestros representantes.

Nos preocupa también que portales como congreso visible, que busca garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre cómo votan sus elegidos los proyectos de interés y establecer puentes de comunicación entre los congresistas y los ciudadanos, no cuenten con información veraz que permita el cumplimiento de sus objetivos.

En tiempos donde Internet se está convirtiendo en una de las mayores posibilidades para la participación de los ciudadanos y su comunicación con las diferentes instancias del gobierno, es paradógico que no se puedan utilizar las herramientas que este provee para lograr esa verdadera participación. Es aun más cuestionable que la mayoría de los senadores y representantes ni siquiera se preocupen por mantener una comunicación lo más real y directa con sus electores, algo sencillo hoy en día con las facilidades que brindan las TIC y que se supone el Estado Colombiano aborda con seriedad. El Ministerio de las TIC muestra con orgullo sus programas de Gobierno en Línea que han ganado incluso premios, valdría la pena que revisara si se está quedando en lo formal, que en la práctica no está funcionando.

Pedimos que esta situación se resuelva pronto para contar con medios eficaces de comunicación con aquellos que nos representan. De lo contrario esta figura de la democracia representativa en la era de Internet y la sociedad del conocimiento se ira deteriorando cada vez más y terminaremos asumiendo que en este Estado nuestro posible papel será el de la mítica Casandra en la tragedia griega, condenados a  ver como se comenten los errores que se advierten una y otra vez.

Sabemos que estos indicadores no son la última palabra sobre la forma como los congresistas actuaron o que tan enterados estaban en el debate del 10 de abril pasado, pero, son un importante indicador sobre la comunicación que como ciudadanos podemos tener con nuestros representantes políticos y nos sirve para llamar la atención de los congresistas y en general del Estado sobre la situación de sus canales de comunicación con los electores. A continuación la lista de correos que fueron abiertos, los que no fueron abiertos y los que rebotan:

Fueron abiertos

No fueron Abiertos

Rebotan

Como consecuencia de esta grave omisión y del afán de cumplir compromisos políticos, subsisten en la norma aprobada las preocupaciones manifestadas por diferentes sectores que amenazan gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos. El texto aprobado va más allá del TLC y otros tratados internacionales, desconoce garantías para los usuarios como las excepciones y limitaciones, posibillita la vulneración de la privacidad de los usuarios de internet, amenaza la libertad de expresión en la Red y, asigna funciones judiciales a particulares.

Ante la aprobación del proyecto de ley y su previsible sanción presidencial, RedPaTodos anuncia que analiza la demanda ante la Corte Constitucional de la norma. En esta nueva etapa, convocamos a la ciudadanía para construir argumentos sólidos y llevar a cabo una intensa participación civil. Necesitamos apoyo de abogados, creativos, artistas, comunicadores, líderes sociales, activistas y ciudadanos que unan su voz y su arte a la iniciativa.

RedPaTodos como plataforma ciudadana busca unir y optimizar los esfuerzos comunes de quienes desean defender sus derechos de forma pacífica y basada en argumentos constructivos. Espere otras iniciativas de movilizacion y Únase. Acá defendemos la RedPaTodos.

Información, contacto: info@redpatodos.co

RedPaTodos, a citizen participation platform that promotes discussion on copyright and its application on the Internet, warns that the adoption of Bill 201/2012, known in social networks and media as #LeyLleras2, failed the public debate, ignored citizens requests for participation, and disregarded the arguments of scholars and experts in the field in the design of the standard.

As a result of this serious omission and the desire to fulfill political commitments, the concerns expressed by various sectors remain in the law that will seriously threaten the fundamental rights of Colombian citizens. The approved text goes beyond the FTA and other international treaties, disregarding users safeguards such as exceptions and limitations, violating Internet users privacy, threating freedom of expression in the Net, and assigning judicial functions to the Executive.

With the approval of the bill and its likely presidential approval, RedPaTodos announces that will analyse going before the Constitutional Court. In this new stage, we call on citizens to build a strong case and carry out intensive citizen engagement. We need support from lawyers, creative artists, communicators, leaders, activists and citizens to join voices and art into the initiative.

RedPaTodos as a citizen platform seeks to unite and optimize the common efforts of those who wish to defend their digital rights based in peaceful and constructive arguments. Wait for other initiatives of mobilization and Join.

Information, contact: info@redpatodos.co

Puedes ver los resultados de la primera votación en este sitio (donde no le fue muy bien a quienes pedimos #NoPupitrazo), en rojo está marcado quienes votaron para que la aprobaran, en verde quienes votaron en contra.

También estamos preparándonos para recoger las opiniones, comentarios y votos de los congresistas citados para el segundo debate en este otro apartado.

Hemos enviado una campaña a los congresistas pidiéndoles que revisen los documentos con comentarios y sugerencias. Pero creemos que como ciudadanos ponemos hacer llegar un mensaje a cada uno de los congresistas para ejercer presión y que efectivamente revisen los documentos. Además, como votantes, en esta democracia representativa, podemos pedir al senador y al representante por el que votamos en las pasadas elecciones que represente nuestra opinión. Si estás de acuerdo con que nuestro futuro no se decida a las carreras, envíale este mensaje al congresista por el que votaste a través de Twitter:

@CONGRESISTA Queremos conocer su opinión sobre la #ley201 #VeoSuVoto #NoPupitrazo #leyLleras2

Puedes descargar el Directorio de Contacto de Congresistas para la vigencia 2010 – 2014. La información de este documento fue recopilada de fuentes públicas como: la páginas web del Senado, la Cámara de Representantes y Congreso visible.

Puede firmar la petición original en el sitio de infojustice.

Versión en español de la carta en .pdf para descargar.

Honorables Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia:

Les escribimos como un grupo internacional de académicos y expertos en propiedad intelectual en respuesta para lo que percibimos como un proceso de afán para implementar las obligaciones del TLC entre EEUU y Colombia a través de una serie de de reformas a las normas colombianas que podrían no estar teniendo en cuenta de manera integral la importancia del equilibrio para un sistema de derecho de autor saludable. Es universalmente aceptado por los estudiosos y académicos del derecho de autor que los regímenes de propiedad intelectual sólo pueden servir al interés público social en el fomento de la creación, la innovación y el acceso a la producción cultural a través de un cuidadoso equilibrio. Las leyes que ofrecen recompensas a los propietarios a través de la exclusividad en el mercado deben ser compatibles con las limitaciones y excepciones al derecho exclusivo que sirve a las necesidades e intereses de los creadores e innovadores posteriores, los competidores del mercado y los consumidores finales de productos del mercado – incluyendo maestros, estudiantes y académicos –. Esto es particularmente importante en países en desarrollo con gran desigualdad de ingresos, donde el comportamiento de maximización de beneficios de muchos monopolistas será fijar el precio de los productos exclusivos que sólo llegan a la franja más próspera del mercado.

Particularmente cuando revisamos el Proyecto de ley 201 de 2012¹, encontramos que muchos de los cambios que actualizan la protección de los derechos de autor van más allá de lo que el TLC requiere, y de hecho son más restrictivos que la misma ley de EE.UU. Por otra parte, los legisladores de Colombia están perdiendo una oportunidad para recalibrar el equilibrio entre los titulares de derechos y otros ciudadanos mediante la introducción de limitaciones y excepciones flexibles a la legislación nacional, junto con mayores garantías para la propiedad. Implementar una reforma legal desbalanceada puede reducir el acceso público a la información importante y, al ahogar la innovación legítima, estas reformas pondrían a Colombia y a sus ciudadanos en desventaja cultural y competitiva. Hemos visto que la sociedad civil colombiana ha instado al Congreso a frenar este proceso y aprovechar esta oportunidad para poner en marcha una gama más completa y equilibrada de reformas consultando con un rango más amplio de partes y grupos interesados.

No somos expertos en la ley colombiana y no hemos revisado completamente su derecho local. Sin embargo, incluso en un examen relativamente superficial, por una parte está claro que el proyecto de ley de implementación del TLC va más allá de lo que el TLC requiere, y por otra, no toma ventaja de la opción de introducir flexibilidades adicionales y equilibrar características según lo permitido por el TLC.

Observamos, en general, que existen una serie de áreas en las que el proyecto de ley no vincula el fortalecimiento del derecho de un titular con un correlativo principio de limitación, o para hacer que el nuevo derecho esté sujeto a las limitaciones y excepciones aplicables de manera general. El resto de esta carta está diseñada para destacar algunas áreas específicamente escogidas a las que un proceso de deliberación podría prestar una atención renovada. En particular, nos centramos en las disposiciones que aplican los derechos de los titulares más allá de las exigencias del TLC, así como a aspectos del proyecto de ley que podrían ser modificados para aplicar limitaciones y excepciones más robustas como lo permite el TLC. Por ejemplo:

• En la definición de los derechos exclusivos del autor, el proyecto de ley repite el lenguaje del TLC extendiendo los derechos de autor a “cualquier forma de reproducción de la obra, permanente o temporal, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo su almacenamiento electrónico temporal”². El proyecto ignora un importante principio de limitación desarrollado en la jurisprudencia de EE.UU. que interpreta la ley de derechos de autor: este derecho se ha limitado a situaciones en las que “[la copia] es suficientemente permanente o estable para permitir… que sea… reproducida… por un período mayor a una duración transitoria”³. En otras palabras, Colombia, aparentemente tiene la intención de prohibir una variedad de formas tecnológicamente dirigidas de reproducción transitoria, como almacenamiento de corto plazo en caché, permitida por la ley de EE.UU. El fracaso de los ponentes del proyecto de ley para reconocer este hecho pone a las industrias de información y tecnología colombianas, así como a los consumidores, en una desventaja comparativa innecesaria. Como mínimo, la ley colombiana puede y debe especificar que “almacenamiento”, bajo el proyecto de ley, no incluye “actos de reproducción provisional que sean transitorios o accesorios y una parte integral y esencial de un proceso tecnológico”, como se sugiere en una reciente propuesta realizada por la Asociación para la Industria de las Comunicaciones y las Computadoras (Computers and Communications Industry Association – CCIA) en el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (Trans-Pacific Partnership Agreement)⁴.
• El artículo 13 del proyecto de ley impide la “retransmisión a través de Internet de señales de televisión, sean terrestres, por cable o por satélite” sin el permiso del propietario del copyright de la señal o de su contenido “no obstante de” las limitaciones y excepciones a los derechos exclusivos en la legislación de Colombia. En la ley de EE.UU., por el contrario, ningún derecho exclusivo es categóricamente inmune a las limitaciones y excepciones generales, incluyendo el “uso justo”, que prevé la ley. Así, por ejemplo, una retransmisión por Internet de las partes de una emisión terrestre para el uso educativo puede considerarse como un uso no fraudulento. En Colombia, en el marco del proyecto de ley, esto sí se considera como tal. Estudiantes colombianos y profesores por lo tanto serían menos libres para participar en el uso efectivo de la educación de la Internet que sus contrapartes de EE.UU. Por supuesto, el TLC no exige este resultado anómalo, y la constitución de los EE.UU. seguramente impediría la promulgación de una ley similar en EEUU.
• El artículo 14 amplía los derechos de los titulares de los derechos de autor más allá de lo que se requiere en el TLC, y mucho más allá de la legislación existente en EE.UU., mediante la imposición de la responsabilidad por eludir las medidas tecnológicas eficaces impuestas para controlar “el acceso y la utilización no autorizada de obras”. La Ley de EE.UU. y el TLC aplican sanciones contra la elusión sólo en aquellos que hackean las restricciones de “acceso”⁵. En los EE.UU., por ejemplo, un individuo que compró un libro electrónico con características diseñadas para desactivar la función de texto a voz en la lectura de los dispositivos sería libre para evitar este “bloqueo” tecnológico si tuvieran los medios para hacerlo, lo mismo, presumiblemente sería el caso de “codificación regional” en los DVD comerciales. Este fue un compromiso arduamente ganado por los consumidores de información de EE.UU. en 1998, cuando una ley anti-evasión se promulgó por primera vez. No está claro por qué el proyecto coloca a los consumidores colombianos en una desventaja totalmente innecesaria. El Artículo 15(g) también va mucho más allá del TLC y la ley de EE.UU. en su enfoque del proceso por el cual serán identificadas nuevas excepciones a las disposiciones contra la elusión, destinadas a preservar los derechos e intereses legítimos de los creadores e innovadores. Medidas contra la elusión están diseñadas para proporcionar nuevos niveles de protección de los propietarios, pero – a la medida de lo posible – que no tienen la intención de hacerlo a costa de los ciudadanos respetuosos de la ley. Por lo tanto, es importante que exista un proceso mediante el cual aquellas actividades que de otra forma serían legales se encuentran restringidas por las medidas tecnológicas eficaces puedan solicitar amparo. El TLC, en términos generales, prevé que ese mecanismo debe estar en la legislación nacional, pero el proyecto de ley pone significativas e innecesarias barreras procesales y sustantivas en el camino. En los EE.UU., por ejemplo, sec. 1201(a)(1)(c) establece un proceso de carácter no político, llevado a cabo por los organismos de expertos neutrales. En el proyecto de ley, por el contrario, sólo el legislador tiene el poder final de actuar. Del mismo modo, la ley de EE.UU. contempla la realización de nuevas excepciones cada vez que estos organismos encuentran un efecto sustancial adverso sobre los usos no infractores; sin embargo, no existe ningún condicionamiento de que esto se demuestre con “pruebas sustanciales”, como los dispone el proyecto de ley. Una vez más, los consumidores e innovadores colombianos quedarían en desventaja respecto de sus contrapartes de EE.UU., por ninguna razón obvia o incluso aparente.
• Las disposiciones del proyecto en relación con las sanciones penales, en el artículo 16, son quizás el ejemplo más dramático de cómo la legislación excede las normas internacionales y de EE.UU., en detrimento de todos los ciudadanos colombianos. El TLC sólo requiere que los infractores “voluntarios” sean castigados de una manera que va a generar un efecto disuasorio. El proyecto de ley, por el contrario, impone sanciones penales a una gama más amplia de los infractores, incluyendo a quienes no sabían que estaban infringiendo la ley. Mientras el enfoque in terrorem quizá puede disuadir a la infracción dando ejemplo con individuos mal informados (incluidos los jóvenes), así como los “piratas” con ánimo comercial, esto es inherentemente injusto y está en desacuerdo con la práctica de otras naciones civilizadas, incluyendo los EE.UU.. Tampoco hay ningún nivel de umbral para la imposición de las sanciones penales más graves en los infractores no comerciales; en los EE.UU., por el contrario, el infractor ordinario debe hacer por lo menos 10 copias de un valor de al menos US$2.500 dólares en un plazo de 180 días. Por otra parte, las disposiciones del proyecto de ley de penalización son extremas. Penas mínimas de prisión de cuatro años para violaciones relativamente de menor importancia son desconocidas – en los EE.UU., por ejemplo, una sentencia de cinco años es el máximo permitido para una primera infracción – . Del mismo modo, las multas de 26,66 a 1000 veces el salario mensual, incluso para los delitos menores no relacionados con los daños reales causados estas o las ganancias obtenidas, parecen hacer caso omiso del principio fundamental de la proporcionalidad de la pena. Según esta norma, incluso un infractor no comercial que gana US$12.000 dólares por año, podría ser multado con más de US$25.000 dólares en un proceso penal que podría ser llevado a discreción del gobierno. El proyecto de ley parece aplicarse a cualquier copia de un producto con el propósito de “distribuirlo”. Incluso un individuo que duplica un CD de un amigo puede ser empujado a la red de la presente ley penal draconiana. Aunque este enfoque draconiano de derechos de autor de los daños criminales en Colombia se había previsto en el artículo 2 de la Ley 1032 de 2006, que modificó el Código Penal colombiano (artículo 271 de la Ley 599 de 2000), el proyecto de ley actual representa una oportunidad perdida para restaurar un poco el nivel de equilibrio en el sistema de sanciones, incluso, la gama de posibles infracciones penales se expande.
• Del mismo modo, la asignación de las sanciones penales más severas para la elusión no autorizada a los actos realizados con el fin de lograr una “ventaja comercial o ganancia económica privada” contemplada en el artículo 17 debe estar lejos de tranquilizar a los ciudadanos colombianos y los consumidores, ya que la propia definición de “lucro” en el proyecto de ley es abierta.

Las decisiones sobre este tipo de asuntos no deben ser tomadas sin un cuidadoso análisis, amplia consulta y gran consideración de las diversas opciones. El balance alcanzado en las existentes leyes de otros países ciertamente no es perfecto, pero puede ser muy ilustrativo. Claramente, el derecho de los EE.UU. no es necesariamente el modelo que otros países deberían seguir al modernizar sus normas de derechos de autor, sino en la legislación diseñada para implementar un acuerdo con los EE.UU., algunos de sus aspectos valen la pena de ser considerados. Como expertos en derechos de autor, estamos también conscientes que limitaciones y excepciones flexibles a los derechos de autor son un parte importante de la historia de éxito del sector creativo, de las industrias de derechos de autor y del sistema educativo de los EE.UU., un hecho que los negociadores de los EE.UU. no siempre deciden enfatizar. Igualmente, estamos conscientes que los TLC de EE.UU. son documentos notoriamente desequilibrados – éstos armonizan los derechos de los titulares de derechos de autor y los recursos ante las instancias de EE.UU., pero no buscan la armonización con las limitaciones y excepciones establecidas en el derecho de los EE.UU. En su lugar, se dejan como alternativas opcionales para la legislación nacional. Sin embargo, las alternativas nacionales acerca de estas limitaciones a los derechos de autor no se encuentran ni prohibidas, ni siquiera reguladas por los TLC.

Colombia tiene ahora una oportunidad para asegurar el equilibrio en los derechos de autor en los próximos años. Como parte de ese ejercicio, es apropiado hacer una consideración general sobre la posibilidad de emular uno de los aspectos del derecho de los EE.UU. – “la flexibilidad incorporada en la doctrina del “uso justo”. En el contexto de un crecimiento sin precedentes y el cambio en las tecnologías de la información y las comunicaciones, una cuestión fundamental que cualquier reforma de los derechos de autor debe tener en cuenta es la aplicación de la flexibilidad en las limitaciones y excepciones necesarias para responder al cambio. En los EE.UU., algunas limitaciones y excepciones se encuentran expresadas en relación con un derecho exclusivo particular que modifica (como se discutió arriba); el uso justo, por el otro lado, es un estándar dinámico que aplica a un amplio grupo de derechos exclusivos permitiendo a las cortes de actualizar el derecho de limitaciones y excepciones de manera continua, aplicando principios legales generales.

En este sentido, lo cual notamos que hace parte de la implementación del TLC Corea-EE.UU., la República de Corea adoptó recientemente un estándar abierto basado en uso justo para limitaciones y excepciones en el artículo 35-3 de su ley de derechos de autor. Obviamente, reconocemos que los contornos precisos de uso justo pueden ser o no apropiados para el sistema jurídico de Colombia. Otra forma de conseguir el objetivo de flexibilidad a través de la legislación sería adoptando un principio que favoreciera “uso transformador” de una obra con derechos de autor, otros sería mediante un test que específicamente sopese el interés del titular del derecho de autor con el derecho a la libre expresión y los intereses de innovación tecnológica de los usuarios y la sociedad en general.

No tenemos suficiente conocimiento o experiencia para saber cuál es la mejor forma de alcanzar el objetivo de equilibrio al reformar la ley de derechos de autor colombiana. Sin embargo, hay muchas posibilidades que merecen seria consideración. Nuestra experiencia nos lleva a sugerir, sin embargo, que el asunto es uno de los temas de mayor y permanente importancia. Esperamos que usted tenga en cuenta las diversas opciones en la medida en que crea un proceso de discusión en el cual todos los intereses nacionales se encuentran plenamente comprometidos.

Cordialmente,

[Lista]

CC:

Sen. Antonio del Cristo Guerra de la Espriella

Sen. Alexander López Maya

Sen. Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar

Rep. Albeiro Vanegas Osorio

Rep. Bayardo Gilberto Betancourt Pérez

Rep. Augusto Posada Sánchez

En contenido el Proyecto de Ley 201 no es la Ley Lleras, esa se ocupaba de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por las posibles infracciones de sus usuarios, responsabilidad por hechos de terceros, mientras éste es una reforma al derecho de autor, toca plazo de protección, excepciones, definiciones, derechos conexos, reforma los delitos, habla de Medidas de Protección Tecnológicas, etc.

Texto para descarga en PDF

Sin embargo, se parece a la Ley lleras porque como ella su marco es derecho de autor, responde a oblgaciones TLC y por eso nos dicen que toca aprobarla sin mirarla, es decir, no se socializa. Cuando se implementa un Tratado hay un margen para hacerlo, son obligaciones que deben ajustarse a la norma nacional y por tanto se pueden discutir.

Para intentar abrir el diálogo y para que los Congresistas vean la importancia de no trabajar “de urgencia” acá está la version 1.0 de los comentarios de los abogados voluntarios de RedPaTodos en que se hace un análisis jurídico “de urgencia” y algunas sugerencias para el Congreso (si se pueden hacer ajustes a este documento se irán publicando las nuevas versiones).

Un resumen de nuestras preocupaciones

Estamos preparando un documento más completo para explicar y entender los alcances de este proyecto pero mientras tanto las siguientes son las preocupaciones principales:

1. Al implementar las Medidas Tecnológicas de Protección (MPT) como una protección independiente del derecho de autor se puede violar normas internas. La implementación debe hacerse de modo que la protección de las MPT no sea independiente sino vinculada a la protección del derecho de autor que se da en Colombia. El tema se ha discutido en foros como la Australia, http://www.ivir.nl/publications/guibault/Infosoc_report_2007.pdf y Chile https://www.eff.org/files/filenode/FTAA/20040830_uschile_fta.pdf o http://ictsd.org/i/publications/120934/. El problema central es que si esto no se hace así se puede estar generando responsabilidad civil y penal a los usuarios por usos en ejercicio de excepciones y limitaciones que sí permite nuestra ley, es decir, que me pueden condenar a la cárcel por eludir una MPT para hacer una copia privada a la que tengo derecho.
2. También podría violar derechos de usuarios si, como sucede en esta versión, no se consagra el procedimiento administrativo que el propio TLC contempla para ajustar cada 4 años esas excepciones. En el proyecto no se desarrolla el procedimiento sino sólo una facutlad general para el gobierno de proponer cambios. Nos preguntamos entonces, para qué el afán? Tampoco se están cumpliendo con todas las obligaciones del TLC, falta esta.
3. El proyecto define lucro en forma muy amplia para incluir cualquier provecho. Hay excepciones y limitaciones como la de copia privada, que dependen de esa definición. Sin embargo el propio TLC cuando la usa habla de ventaja comercial o ganancia financiera. Esa definación no es obligación del TLC ni coincide con su texto y puede vulnerar intereses de los usuarios.
4. Si no se redacta correctamente el artículo que prohíbe la retransmisión de señal de TV por Internet también puede comprometer los intereses de los usuarios, porque como está evita que en forma generalizada se apliquen excepciones y limitaciones a la retransmisión de señales de TV por Internet. Ese no es el alcance de la obligación del TLC, va en contra de nuestras normas nacionales y raya con la censura pues acaso prohibe hasta la cita?
5. Existe una gran preocupación al delegar funciones judiciales, como lo es la entrega de información personal, a una autoridad administrativa. Como ya lo dijimos en el debate de la Ley Lleras, en el Estado Social de Derecho son los jueces los únicos que tienen potestades de restringir derechos y libertades fundamentales y por tanto los únicos que pueden entregar información personal

El documento jurídico es más detallado y esperamos poder explicar esto pronto en forma más sencilla con ejemplos pero eso tomará tiempo. Mientras tanto, no olvide firmar la petición para que se abra el diálogo en el Congreso y, ayúdenos! únase a la lista, envíenos sus comentarios, organicémonos para mostrarle al Estado que podemos discutir los marcos legales que nos afectan y obtener resultados sólidos.

Comentarios jurídicos al proyecto de ley 201 de 2012

Marzo 23 de 2012

El presente documento fue elaborado por los abogados:

Carolina Botero Cabrera, Germán Realpe Delgado, Iván Vargas Chaves, Oscar Daniel Gómez, Karen Cabrera Peña, Sergio Ovalle Pérez y Daniel Salamanca Pérez, en nombre del Colectivo RedPaTodos

www.redpatodos.co

Señores Congresistas

La implementación de las exigencias del gobierno norteamericano para la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. se ha dado en un escenario de celeridad. Esta celeridad, ajena a un análisis juicioso y detallado de los efectos que pueda tener sobre nuestro sistema normativo, nos plantea gran preocupación, pues al estabilizar nuestro actual régimen de propiedad intelectual con el de dicho país, estamos desconociendo una tradición jurídica que nos antecede desde que Diderot, en su manifiesto sobre el comercio de libros, quizo resaltar la importancia del rol de los derechos de autor en una sociedad justa y equitativa, y no, en un modelo de excesiva protección a la explotación de los derechos patrimoniales de autor. Ello se puede evidenciar en las gran tensión existente entre el copyright y el derecho de autor de tradición jurídica continental.

Y es que tratar de acompasar los dos regímenes, de la forma como el TLC nos lo exige, es someterse a una normativa que favorece los intereses de la gran industria cultural, cediendo ante ésta y pasando por encima de una política de acceso universal al conocimiento y la información, claro está, en una etapa posterior a que los autores/titulares hubiesen recuperado su inversión a través de una explotación controlada y limitada de las obras. No por ello queremos desconocer el hecho que antecede la ampliación de la protección de los derechos patrimoniales en EE.UU. justamente en el momento en que The Walt Disney Company estaba a punto de dejar muchas de sus creaciones en un dominio público que, enfatizamos, no es otra cosa sino una justa retribución a la sociedad misma.

A esta altura del debate conviene preguntarnos si como Estado Social de Derecho, tema que abordaremos más adelante, Colombia esta dispuesta a anteponer los intereses de unos pocos frente a un interés general. De hecho, cuando se inició la discusión de este Tratado, era claro que estábamos inmersos en un supuesto en el que Internet era básicamente un sueño y, por tanto, las capacidades de acceso y uso de los contenidos más allá del mercado en ambientes de educación, cultura y ciencia tenían presupuestos muy diversos, lo cual nos lleva a razonar que hoy en día regular derecho de autor tiene un alcance e impacto muy diferente, ya que la intención misma, del gobierno colombiano de tramitar este proyecto de ley en un llamado de urgencia y en escasas tres semanas va en contravía del necesario, importante y debido debate que la norma debe propiciar entre tres sectores, a saber, gobierno, legislativo y los sectores interesados que no son solamente los de la industria del entretenimiento.

Queremos también resaltar la no infalibilidad del Congreso de los EE.UU., el cual en su momento aprobó la DMCA, luego de contar con dos importantes antecedentes jurisprudenciales, como lo fueron los casos Cubby v. Compuserve y Stratton Oakmont v. Prodigy y uno legislativo, la Communications Decency Act, y de debatir ampliamente los alcances de la responsabilidad de los intermediarios  en Internet. Esta infalibilidad se traduce en que muy a pesar de contar con un sustento sólido, y de no haber estado sometido en ese momento a algún tipo de presión, emitió una serie de disposiciones que buscaban detener infracciones a los derechos de autor a través de mecanismos antipiratería (incluímos la inclusión de la denominado “black box””) que se esperaban fueran sólidos,  pero, que como lo señala el U.S. – Chile Free Trade Agreement Analysis of Implementation of Exceptions and Limitations and Technological Protection Measure Provisions (Cfr. p. 6) fueron disposiciones ineficientes pues en la práctica, las elusión demasiado amplias, quedando relegadas éstas a la mera tarea de sofocar cualquier otro tipo de actividades, que un ciudadanno puede ejercer legítimamente, menos aquellas infractoras de los derechos de autor, lo cual se traduciría hoy en día en una peligrosa herramienta de control.

Es por ello que insistimos que adecuar nuestra normativa a un compromiso, no debe implicar un sometimiento, pues acá no se trata sólo de hacer el reglamento de una ley ya aprobada, esta norma define la política pública sobre su implementación que, como en cualquier tratado, tiene un margen en el que es posible definir y moldear espacios. De hecho, la propuesta del Gobierno propone un alcance superior en algunos temas bien sea por su aproximación conceptual o por su mecanismo de reforzamiento al esquema de observancia. Esto debe ser objeto de análisis por el congreso considerando que el propio tratado admite que la implementación debe hacerse con base en el régimen jurídico local.

Lamentamos profundamente la decisión del gobierno de evitar la discusión pública e incluso no ofrecer la necesaria y oportuna información para una discusión apropiada y creemos firmemente que la no tramitación del proyecto de ley como solución efectiva está en manos del Congreso de la República, el cual, representa a todos sus electores y no a un puñado de empresas que pretenden subsistir en un nuevo mercado con sus obsoletos modelos de negocio, ello a costa de derechos y garantías fundamentales que como lo analizaremos a continuación se verán seriamente afectados. Por último, resaltamos que a través de todas las movilizaciones que hoy en día la sociedad realiza, deben llevar a nuestros legisladores a que éstos sean obligados a pensar que todo ésto se trata de momento crucial que definirá las pautas y reglas de juego de nuestra sociedad de la información y el conocimiento Así, pues, en atención a las anteriores consideraciones procedemos a exponer nuestros comentarios y contra-propuestas del articulado sobre el proyecto de ley.

Comentarios y sugerencias de RedPaTodos

ARTICULO 1.

Este artículo menciona las leyes 44 y 23 cuando la última ley que se ocupa del tema es la Decisión 351 de 1993. El silencio se debe seguramente a que no podemos por esta vía modificar una norma comunitaria, valdría la pena que se explicara cómo se integrará esta norma entonces al sistema nacional, particularmente si llegara a haber un conflicto entre ellas. En todo caso el art. 61 de la ley 44 no es el que modifica el 8 de la Ley 23 y en consecuencia hay un error allí evidente.

En lo de fondo el artículo incluye definiciones ya presentes en la ley colombiana aunque no todas, hay definiciones provenientes del TLC y otras nuevas. Extrañamos la explicación sobre porqué se incluyen unas, otras no y también la forma como las definiciones nuevas del TLC se han implementado en otros países PROPONEMOS analizar el alcance de algunos términos nuevos a la luz de la ley local y retirar de este artículo las definiciones nuevas específicamente “lucro”.

DEFINICION DE LUCRO. PROPONEMOS suprimir esta definición que no forma parte de las obligaciones TLC. Se trata de un término que genera una gran controversia en el sector actualmente. La forma como se defina y la intención de la misma debe ser explicada. De hecho cuando surge en el TLC la idea del lucro se habla de “ventaja comercial o ganancia financiera privada” (art 16.7.4.(a) ult párrafo) no es una simple ganancia o provecho. Abordar este tema es comprometer discusiones mucho más amplias como las de excepciones y limitaciones en general y referidas sobre todo aquellas que se sustentan en ese tipo de conceptos como la que se discute en Canadá (http://www.michaelgeist.ca/content/view/6375/125/) y UK (http://www.ipo.gov.uk/pro-policy/consult/consult-live/consult-2011-copyright.htm) sobre “contenido generado por usuarios”-

ARTICULO 3.

La presunción de titularidad que se argumenta en la expresión “manera usual” acorde a la redacción del proyecto de ley no es clara a la luz de la nueva problemática de distribución de contenidos en internet. El contenido muchas veces subido por el mismo usuario de las plataformas de distribución puede no contar con la relación necesaria de títular – obra y puede ser compartida con diferentes nombres lo cual conlleva a analizar que no es un procedimiento muy práctico ni realista con la dinámica de contenidos en internet. Además dentro de las situaciones propias de los usuarios de internet y bajo la doctrina del uso justo enquistada favorablemente para los ciudadanos en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y a la cual no se hace mención dentro de los proyectos de ley propuestos para cumplir con los compromisos adquiridos con Estados Unidos en el marco de la negociación del TLC. En consecuencia las obras pueden ser remezcladas o modificadas bajo los criterios de esta doctrina que a nuestro juicio son fundamentales para el bienestar de la creatividad. Estas dinámicas permiten cambiar de titular fácilmente, potenciando a la multiplicación exponencial de creadores y obras, por lo cual una acción por parte de los titulares de las obras originales a esta transformación y dinamismo de contenidos puede minar la libertad de creación de los usuarios en la red que se puede considerar como una conquista humana gracias a las actuales posibilidades. PROPONEMOS Analizar los esquemas de flexibilidad que existen en ordenamientos actuales como la excepción de “contenido generado por usuario” que se discute en Canadá e Inglaterra para generar equilibrios con estos temas, pero adicionalmente se deberá trabajar también temas como el de obras huérfanas.

ARTICULO 6.

Se extiende por 20 años mas el monopolio de la explotación de los derechos patrimoniales. Claramente ésta extensión solo favorece a las compañias que detentan la explotación de obras que son plausibles de explotar en virtud de su caracter de populares, y que por lo tanto el ingreso al dominio público conlleva una reducción de sus beneficios.A pesar de lo anterior ésta extensión es de esperarse en tanto que es común que los TLC homogeinicen la legislación de la parte fuerte del tratádo sobre lo que exista anteriormente. En Colombia esto debe interpretarse como el cambio de 50 a 70 años para la protección de los derechos patrimoniales de autor para las obras cuyos titulares sean personas juridicas, como es en la inmensa mayoría las grandes editoriales, pero también la producción del Estado que es pagada con los recursos de todos.

PROPONEMOS, en el marco del artículo 16.1.13 debe ser expreso que este plazo sólo afecta a las obras nuevas, es decirl aquellas que se creen con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y así al menos evitamos su efecto retroactivo, proponemos entonces que se consagre con efecto ultractivo expreamente.

ARTICULO 12.

Esta es efectivamente una obligación TLC en el art. 16.7.8. pero está limitada a la forma como se establezca por el Estado las limitaciones previstas en los artículos 16.5 y 16.7, no esta prevista para ser llevada a la legislación nacional. PROPONEMOS que la retiren. Sería tanto como incluir también el numeral 16.7.10, son obligaciones para respetar por el Estado en su implementación, más contradictorio si ni siquiera está incluyendo nuevas excepciones a pesar de que el propio TLC propone que las haya. El proyecto incluye las básicas pero no aborda ni las extras que el tratado sugiere, ni el proceso administrativo que debería actualizarlas. En este punto recordamos el análisis que en su momento (durante la discusión de la Ley Lleras) presentamos para la consideración del congreso en el sentido de que hoy por hoy no se justifica ninguna reforma legislativa en materia de derecho de autor que refuerce los derechos de los titulares sin que paralelamente se analice el sistema de equilibrios. No es decente decir que esto no se hace porque exige una conciliación de intereses con los titulares, porqué entonces no se hace con los sectores interesados en general cuando se modifican estas normas?

ARTICULO 13

Esta norma debe ser totalmente ajustada. Los términos del texto son incorrectos, se toma la disposición 16.7.9 del TLC pero la forma como se redacta el tema de las excepciones, por una parte, es incorrecta extendiendo el alcance quizá no intencionadamente pero en forma generalizada y no como lo indica el TLC (limitado a dos supuestos). la redacción hace pensar que no hay excepciones aplicables en este caso, lo que es un despropósito.

De otro lado, la norma incluye un derecho de retransmisión que no tiene sentido en el mundo actual y que obliga a establecer cómo lo tiene planteado EEUU y determinar cuáles son nuestras opciones.

PROPONEMOS. El gobierno debe replantear y justificar este artículo pues no tiene sentido como está, si se mantiene está estableciendo un alcance diferente al pretendido por el TLC y en contravía con las normas internas.

ARTICULO 14 y siguientes

La forma como los TLC con EEUU abordan el tema de protección a las Medidas Tecnológicas de Protección independientes de la protección del Derecho de Autor es como mínimo polémico. Incluso en EEUU existen decisiones judiciales encontradas sobre esta disposición. Se señala que esta obligación del TLC viola las excepciones y limitaciones y garantías del derecho de competencia ya existentes en otros países por lo que no es exigible. Adicionalmente va en contra del consenso mundial de oganismos internacionales que han investigado el impacto de estas medidas en los sistemas jurídicos. PROPONEMOS Que esta obligación se restrinja al alcance de las normas legales de protección al derecho de autor en Colombia pues no es posible que nosmarginemos de esta discusión y de lo que ella representa para el desarrollo de la cultura digital en Internet.

Se deben reviar todas las disposciones en esta materia que están contenidas en el proyecto de ley, Las disposiciones de los TLC sobre Medidas Tecnológicas de Protección como protecciones independientes del derecho de autor son problemáticas por cuanto su infracción se plantea como independientes de las infracciones al derecho de autor, en el contexto colombiano profesores como el doctor Rengifo ya lo habían anotado. Su implementación internacional enfrenta el argumento de ir en contra de las leyes nacionales que se ocupan de excepciones y limitaciones y derecho de competencia. Con objeto de discusión en EEUU (1) actualmente y existe la tendencia internacional a considerar que deben estar limitadas al alcance de las normas de derecho local que corresponda. Se pueden revisar análisis como estos de Australia y de Chile, Para Chile también el International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) publicó uno.

PROPONEMOS que se revise legislación internacional, estudios, impactos y que se ajuste a las normas colombianas para salvaguardar nuestro regimen jurídico, utilizando incluso la opción que da el propio TLC de incluir otras excepciones como es corriente en los procesos de implementación de otros países. Si el diálogo se abre estamos dispuestos a apoyar y proponer ajustes en ese sentido.

ARTICULO 15

literal c) se encuentra de conformidad con la ley de pornografía infantil,

literal d) es pertinente, ya que facilita el tema de Etica Hacking, el tema de seguridad de la información y está acorde con la Ley 1273.

literal f) puede ir en contra de la intimidad de las personas como de las normas de protección de datos. No se debe permitir de ninguna manera la recolección o difusión de datos personales, por más que no sean infractoras de una ley o procedimiento. Este numeral no es claro, y puede dar para multiples interpretaciones, en primer lugar por que puede entenderse como la limitación a no tener derecho a las cookies pero tambíen para identificar la difusión de datos. PROPONEMOS que debido a su ambiguedad y no correcta descripción se privilegie el respeto a la privacidad del usuario, y que solo se tengan en cuenta les leyes colombianas para protección de datos

literal g) No se entiende el literal g) pues menciona obras particulares sin identificarlas y habla de una de evidencia de impacto sin establecer cómo hacerlo. El problema es que deja muy abierto para no comprometerse en la obligación de plantear esta excepción y la actualización del sistema a través de un procedimiento que es mucho más detallado en el TLC que la propuesta periódica del gobierno. Este tema está incorrectamente manejado y no desarrolla el compromiso de TLC en relación con la actualización periódica de excepciones y limitaciones a las TPM, esto se desarrollará más adelante.

literal h) es interesante pues no responde a una obligación del TLC identificada. La excepción es conveniente con lo que pasa en la actualidad, es una excepción que se pedia hace varios años, ya que en ocasiones el buscar vulnerabilidades podía ser considerado como un acceso abusivo a sistema informático, esto en temas de investigación forense, seguridad es bueno. El problema es que solo lo limita al tema de gobierno o contratistas del gobierno, puede generar la duda de por que solo se da la excepción para estas personas. Se debe tener en cuenta que esto se complementa con lo señalado en la Ley 1273 de 2009. Considerando la amplitud del TLC en relación con abordar nuevas normas sobre excepciones y limitaciones vemos que el gobierno es abierto a intentarlo, porqué entonces no se abordaron otras? PROPONEMOS extenderlo no sólo al tema de gobierno, para incluir al tema académico e incluso el de seguridad de la información de empresas privadas.

ARTICULO 16

En un mundo como el actual el tema de la autorización expresa debe ser revaluado, es complicado tener para todas las reproducciones la autorización del titular. PROPONEMOS identificar cómo se aplica esta disposición a nivel internacional.

El artículo está redactado de tal forma que castiga la reproducción de cualquier obra, y podría entenderse que lo hace incluso sin contar con el concepto de animo de lucro. El lucro lo menciona hasta el segundo pàrrafo pero no es el criterio diferenciador. PROPONEMOS incluir el lucro como criterio diferenciador

El concepto de alquiler es demasiado amplio en la forma como se prevé en este artículo, PROPONEMOS revisarlo

ARTICULO 17

En el parágrafo la órbita de acción se queda corta para más entidades que pueden llegar a verse beneficiadas. PROPONEMOS ampliar esta órbita de acción

ARTICULO 18

Este punto de ampliación del término legal fue comentado ya PROPONEMOS que se haga una aplicación ultractiva del nuevo plazo de protección

ARTICULO 19

La entrega de información personal debe ser restringida a jueces en el contexto de un proceso judicial como lo mantuvimos durante la discusión de la Ley Lleras. Creemos que otorgar esta facultad a entes administrativos pone en peligro además normas de protección de datos y el derecho a la intimidad. PROPONEMOS eliminar la referencia a las autoridades administrativas

ARTICULO 21

Este tema no tiene nada que ver con el TLC ni tampoco está justificado en la exposición de motivos PROPONEMOS eliminarlo

Otros Comentarios

Resaltamos en forma expresa que el TLC incluye disposiciones sobre la creación de un procedimiento administrativo para actualizar periódicamente las excepciones a las Medidas Tecnológicas de Protección, la disposición en el artículo 15 g no es suficiente. De hecho el texto del TLC trae disposiciones de procedimiento, no basta con la voluntad del gobierno.

Este procedimiento no se aborda en el proyecto de ley y en consecuencia no estaría haciendo una completa y correcta implementación en esta tema. PROPONEMOS agregar el procedimiento, en el proyecto de ley alternativo a la Ley Lleras que presentó el senador Romero había una propuesta en ese sentido que puede retomarse.

(1) Como lo explicaba en una lista de especialistas (IP-ENFORCEMENT@roster.wcl.american.edu)  la experta Gwen Hinze de la EFF “In the U.S., courts are split as to whether there must be an underlying infringement, and the DMCA, which forms part of the U.S. Copyright Act, does not establish circumvention of TPMs as a separate cause of action. (See Storage Technology Corporation v. Custom Hardware Engineering, unreported decision July 2, 2004, 2004 WL 1497688 (D.Mass), vacated on appeal, 421 F.3d 1307 (Fed.Cir. 2005); The Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc., 381 F.3d 1178 (Fed. Cir. 2004); but see MDY Industries LLC v. Blizzard Entertainment, Inc. et al, Nos. 09-15932 & 16044 (9th Cir., Dec. 14, 2010)).”

Al implementar las Medidas Tecnológicas de Protección (MPT) como una protección independiente del derecho de autor se puede violar normas internas. La implementación debe hacerse de modo que la protección de las MPT no sea independiente sino vinculada a la protección del derecho de autor que se da en Colombia. El tema se ha discutido en foros como la Australia, http://www.ivir.nl/publications/guibault/Infosoc_report_2007.pdf y Chile https://www.eff.org/files/filenode/FTAA/20040830_uschile_fta.pdf o http://ictsd.org/i/publications/120934/. El problema central es que si esto no se hace así se puede estar generando responsabilidad civil y penal a los usuarios por usos en ejercicio de excepciones y limitaciones que sí permite nuestra ley, es decir, que me pueden condenar a la cárcel por eludir una MPT para hacer una copia privada a la que tengo derecho.

Con el fin de buscar que el trámite permita el debate, la concertación y la participación de los ciudadanos hemos preparado una CARTA ABIERTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA QUE SE DEBATA EL PROYECTO DE LEY PARA IMPLEMENTAR EL TLC CON EEUU Y NO SE APRUEBE A PUPITRAZO

Para el éxito de nuestra campaña proponemos a todos los interesados que durante el día de hoy y mañana procedan a:

• Firmarla y circular el enlace para que todos los posibles interesados la firmen
• Distribuirla a través de las redes sociales (#CartaAbierta Nueva #LeyLleras) para que todo el mundo se entere de nuestra petición, especialmente: posibles firmantes, congresistas y medios de comunicación
• Si conoces el correo o el twitter de algún congresista o asesor del congreso envíale la carta, para estar seguros de que la reciben

Es increible que el gobierno colombiano continúe esgrimiendo exclusivamente compromisos comerciales y sus plazos como única justificación para modificar los regímenes legales sin ir más allá, sin explicar ni entender las necesidades sociales que en nuestro país soportarían dichos cambios, sin abrir a consultas públicas especialmente si, como es este caso, va a ir más allá de lo que el TLC obliga. Este nuevo proyecto, como su predecesor, es un intento burdo por dar límites a la cultura digital sin atreverse a discutirla y acordarla públicamente.

La lista de problemas es amplia pero podemos empezar porque las definiciones que contempla el proyecto de ley cambian sustancialmente el actual régimen jurídico en temas que están en discusión en el mundo entero y que no tienen relación con obligaciones directas del TLC, como es la definición de lo que se entiende por lucro.

Si las TIC se han considerado como una importante herramienta de innovación, ¿no merece una discusión más amplia acaso cualquier regulación que prohiba en forma amplia su uso en terrenos como TV y radio donde precisamente se está dando el más importante desarrollo? Si bien el Ministro de las TIC menciona que se va a trabajar para mejorar las condiciones de la TV tradicional para fomentar la creación, ¿no es Internet un territorio idóneo hoy para que se exploren nuevas posibilidades?, ¿es éste acaso el escenario propicio para hacerlo incluso modificando más el código penal en la materia?

El gobierno lleva años (décadas realmente en el caso de personas en condición de discapacidad) negándose a legislar sobre el tema de excepciones y limitaciones a pesar de la necesidad que hay sobre ellas, e incluso sin considerar obligaciones contraídas a través de convenios internacionales (como es el caso de personas en condición de discapacidads). Se justifica el silencio en la materia porque se debe conciliar con los titulares y, si lo enfrentamos en medio de un proceso de cumplimiento TLC esto no se logrará a tiempo. Así los intereses de bibliotecas, entes educativos, profesores, innovadores, personas en condición de discapacidad y usuarios se han visto relegados al papel de observadores de un Estado que entiende el respeto al derecho de autor exclusivamente como el continuo reforzamiento de los derechos de los titulares. Ahora, reconocemos que el proyecto incluye aquellas excepciones que exige el TLC, pero olvida que el TLC también obliga a crear un sistema administrativo para actualizarlas y lo que sí hace en forma inequívoca es incluir diversas normas que van más alla del TLC para crear un ambiente más restrictivo del que ya existe en esta materia incluso autolimitando al propio Estado.

En temas de responsabilidad hay varias disposiciones que pueden tener alcances más complicados que los del proyecto que conocimos como Ley Lleras. Por ejemplo la antigua Ley Lleras sólo daba a las autoridades judiciales la potestad de solicitar información, para proteger así los datos personales, acá se extiende a autoridades administrativas.
Es cierto que el TLC obliga a que los plazos mínimos de protección del derecho de autor sean de 70 años y eso modifica los plazos que en Colombia estaban sujetos a un término de 50 años. Este es un hecho ya aprobado en TLC, sin embargo, la discusión sobre como afecta esto el patrimonio de todos, el dominio público, en obras como las que son titularidad del gobierno (todas las obras realizadas por sus funcionarios en ejercicio de sus funciones, por ejemplo), no se ha debatido para establecer cómo aplicar esa obligación de TLC, podriamos, por ejemplo, establecer que se trata de un plazo no retroactivo.

Así mismo, es importante destacar que el proyecto presentado en su articulado, no deja claro la posición del juez en el retiro de contenidos, si bien es cierto el artículo 13 prohibe la retrasmisión de contenidos a través de internet que no tengan autorización del titular. No muestra un procedimiento formal para el retiro de estos contendos, así mismo deja la puerta abierta a una interpretación por parte de ISP, autores o personas de manera que puedan exonerarse de resposabilidad.

El proyecto de ley sigue cometiendo el error que tenía la primera iniciativa de Ley Lleras: por el afán del TLC, desconoce las leyes de tecnología, protección de datos, derechos de autor y derecho informático existentes.

Si el gobierno quiere tramitar de urgencia un proyecto de ley debería limitarse a lo ya aprobado por el TLC y no ir más allá, incluso entonces estaría abocado a discutir su forma de implementación, ¿qué le hace pensar entonces al gobierno que una reforma sustancial al sistema de derecho de autor es legítima si llama a votar a pupitrazo limpio y en un plazo de menos de un mes, sin dar la posibilidad de consultar con sus gobernados ni que los congresistas analicen sus implicaciones?, es que la idea de pasar éste proyecto por el trámite legislativo implica una consulta con los ciudadanos, no el agotamiento de un trámite vano, y el papel de los congresistas, que se suponen representan los intereses de sus electores, no se puede ver relegado en ésta materia al de un apendice del gobierno a espera de aprobar las oblgaciones adquiridas en el TLC ciegamente.

Casi todas las disposciones del proyecto merecen un comentario que en los próximos días estaremos trabajando en forma juiciosa, como lo hicimos en anteriores ocasiones. RedPaTodos, como colectivo civil que apuesta por el diálogo y por construir un sistema de derecho de autor equilibrado y justo para todos, revisará y hará propuestas, pero en este momento y ante el llamado de urgencia nuestra petición inicial a los congresistas es que se nieguen a adelantar el dicho trámite de urgencia y reconozcan la necesidad y el interés de la sociedad por debatir y consensuar estos temas. En su momento Costa Rica pidió plazo a EEUU con el fin de adelantar los ajustes legislativos necesarios y éste le fue concedido, de modo que no parece serio que nuestro gobierno nos obligue en Colombia a aceptar reformas sin discusión sólo con el argumento de dar trámite rápido para cumplir con el TLC.